Las mascarillas de Sodena: cruce de alegaciones para dirimir responsabilidades

53 páginas de informe y 114 de alegaciones. El esperado análisis de la Cámara de Comptos sobre la fallida operación de compra-venta de mascarillas de Sodena para las empresas ha despertado un terremoto de reacciones entre las partes implicadas. Hasta cuatro. Todas argumentan largo y tendido para tratar de dirimir su parte de responsabilidad en un acuerdo que ha terminado con pérdidas de casi 2 millones de euros públicos y con 1,7 millones de EPIs cogiendo polvo en almacenes. Algunas ya caducadas, todas ya totalmente devaluadas y, por lo que parece, sin que ni siquiera se puedan vender a día de hoy.

Tal y como ya hiciera el pasado julio cuando un informe del Servicio de Intervención General destapó a la luz el caso de las mascarillas, desde Sodena, la entidad pública que financió la operación, han presentado 44 páginas de alecaciones al informe de Comptos. En ellas tratan de aumentar el grado de responsabilidad de la CEN. También Pilar Irigoien, entonces gerente de Sodena, hoy cesada, emite ahora unas breves alegaciones reafirmándose en lo que declaró en julio.

Pero son dos actores los que destacan en sus alegaciones: la CEN, por lo extenso y argumentado de su postura; y Albyn, la empresa que compró y trajo desde China las mascarillas, por ser la primera vez que se pronuncia.

A lo largo de 6 artículos, 21 alegaciones, 208 puntualizaciones y 20 conclusiones, la Confederación Empresarial de Navarra muestra su postura en lo referente a su actuación en la operación de compra-venta de mascarillas. Tras analizar el informe de Comptos, la principal valoración de la CEN es que “se desactiva la reclamación improcedente e injustificada de Sodena y Albyn por las mascarillas”. Es decir, el órdago que el consejero Irujo y el Gobierno echaron a la patronal en abril de 2021 cuando le exigieron el pago de 1,8 millones de euros procedentes del stock de EPIs sin vender. “Si cada parte se atiene exclusivamente a los términos literales del acuerdo, nadie puede hacer responsable a las otras partes de los efectos que esta situación no contemplada ha generado”, concluye Comptos.

Sin embargo, la CEN denuncia en sus alegaciones varios incumplimientos del acuerdo que firmó con Sodena y Albyn. “Gracias a este informe CEN ha descubierto que 600.000 mascarillas FPP2 que Albyn adquirió en mayo de 2020 por un importe de 1.008.000 euros fueron recibidas en Navarra entre mayo y junio de 2021, 1 año después de la transacción y 6 meses después de que el acuerdo hubiese finalizado el 31 de diciembre de 2020, por lo que nunca pudieron venderse. Sodena y Albyn pretendían obligar a la CEN a comprar un stock inflado con estas 600.000 mascarillas que estaban en Francia y que cuando se pagaron,aún no se habían ni fabricado”.

Por otro lado, desde la patronal afirman que también han descubierto con este informe que el departamento de Desarrollo Económico que dirigía el cesado Manu Ayerdiadquirió 307.200 mascarillas FPP2 a principios de abril de 2020 antes de que se planteara por primera vez a la CEN colaborar en este acuerdo. El importe alcanzó los 836.352 euros, el 32% del valor total de todo el material adquirido en la operación. Esa compra fue censurada por Hacienda, al carecer Ayerdi de capacidad para realizarla. La CEN critica que no saben cómo se pagaron y que desconocían que formaban parte del stock de un acuerdo que fue posterior.

Otra de las alegaciones radica en el estado actual de las mascarillas almacenadas. La CEN argumenta y presenta documentación de las veces que ha preguntado por el estado de esas EPIs y si se pueden vender. Este pasado lunes, en una reunión con Gobierno de Navarra, Sodena y CEN, la patronal asevera que “Albyn trasladó que a esa fecha (12-12-2022) tenían garantía de que, por diferentes motivos, no se podía comercializar ninguna de las mascarillas almacenadas a expensas de un cambio de criterio de la Agencia Española del Medicamento”, por deficiencias en su etiquetado.

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María Eugenia Lecumberri , diretora de inversiones de Sodena, firma las alegaciones al informe de Comptos. Se centran en aumentar el peso de la actuación de la CEN y en remarcar que el Servicio Navarro de Salud era el receptor del stock hasta que se borró del acuerdo un día antes de la firma.

Tanto el informe de Intervención como el de Comptos remarcan que Sodena no pidió autorización previa al conceder a Albyn el crédito puente de 2 millones de euros para comprar las mascarillas. Sodena discrepa: “Sodena disponía de autorización del Gobierno para la concesión de préstamos hasta 10 millones de euros (luego ampliado), contándose con los instrumentos legales oportunos”.

Sobre la recomendación de Comptos de que Sodena incorpore garantías para proteger fondos públicos en futuras actuaciones, algo que no hizo y que es parte del problema, la sociedad alega que “las garantías no son siempre necesarias, ni pertinentes, ni adecuadas” en la concesión de préstamos.

Pero la clave está en Salud. “Todos los borradores del acuerdo contemplaban un compromiso del SNS de adquirir el stock excedentario que pudiera generarse” hasta un día antes de la firma. Sodena pide que se incluya en el informe que no consta que el SNS trasladase ningún reparo previo. Por último, Sodena pide que se especifique que el acuerdo “otorgaba a la CEN un protagonismo relevante que va más allá de considerlarlo un mero intermediario”.

Es la parte que aún no se había pronunciado en público. Luis Collantes, CEO de Albyn Medical, traslada tres páginas de alegaciones al informe de Comptos mostrando por primera vez el parecer de la empresa que se encargó de buscar, comprar y almacenar las malogradas mascarillas. Tras considerar que el informe de Comptos “enfoca adecuadamente la cuestión analizada”, pide añadir varias alegaciones.

En primer lugar, quiere remarcar que su actuación se trata de una actuación de medios, sin poder garantizar el éxito en la adquisición, “sin que pueda considerarse en ningún caso como una obligación de resultado”.

En la conclusión de Comptos de la corresponsabilidad en la medida del interés de cada una de las partes, Albyn resalta que tanto Sodena como CEN tenían intereses muy diversos a los suyos, por lo que solicita que se incluya una alusión a que ello “modularía las respectivas responsabilidades”.

Para finalizar, y con una redacción idéntica a la que propone Sodena en sus alegaciones, Albyn pide a Comptos incluir lo siguiente: “El propio acuerdo otorgaba a la CEN una serie de funciones y protagonismo relevante que van más allá de poder ser considerado un mero intermediario”.

Comptos incluye alegaciones de un cuarto actor: Pilar Irigoien, exgerente de Sodena. Se reafirma en que actuó amparada por el acuerdo del Gobierno foral y pide también más papel protagonista para la CEN: “No debe olvidarse que la finalidad del acuerdo era proveer de EPIs a las empresas, por lo que el mayor interés lo ostentan las mismas y la CEN, que las representa”.

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