El presidente de Comptos: “El ciudadano no entendería que se dejaran caducar esas mascarillas"

La fallida operación de compra de mascarillas que acordaron la empresa pública Sodena, la CEN y la empresa Albyntiene difícil salida. A la urgencia de un stock de 1,7 millones de mascarillas almacenadas que van a caducar a lo largo de los próximos 14 meses, se suma una pérdida de 1,8 millones de euros que fue su valor de adquisición y el problema de quién va a asumir ese coste, algo que no ha podido determinar el informe que la Cámara de Comptos ha realizado sobre este asunto.

El presidente del órgano fiscalizador, Ignacio Cabeza del Salvador, a la pregunta de este periódico sobre quién se tiene que hacer cargo de esa pérdida ha respondido: “En principio la asumen las tres partes. En el contexto de la solución deben resolver cómo se reparten esa pérdida. No hay una respuesta única”, ha indicado, recordando que ya los firmantes del acuerdo pidieron sus respectivos informes jurídicos y las conclusiones de los mismos fueron muy distintas. “La Cámara de Comptos no es un órgano jurisdiccional para tomar una decisión jurídica. Es un tema que compete, en primer lugar, a las partes”, ha insistido.

Hay que recordar que ese acuerdo fue suscrito en mayo de 2020 al inicio de la pandemia y ante la falta de materia de protección para las empresas en la vuelta a la actividad presencial. Entre otros puntos establecía que como los EPIs se tenían que pagar antes, el dinero lo adelantaba Sodena, empresa pública que depende del departamento de Desarrollo Económico del Gobierno navarro, para que Albyn pudiese adquirir el material, buena parte del cual acabó almacenado.

El presidente de Comptos ha señalado que con este informe quieren “forzar a que las partes intenten llegar a un acuerdo, como se ha intentado a lo largo de estos años, pero ahora con la urgencia de dar salida a este producto. El ciudadano no entendería que se dejaran caducar estas mascarillas”, ha señalado.

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