La red concertada se moviliza frente al “recorte de libertades” de la ley Celaá

En octubre de 2013 una frase se repitió hasta la saciedad en los pasillos del Congreso y del Senado. También en las salas de los sindicatos y en claustros académicos: “La LOMCE nace muerta”. Partidos de izquierda, con Alfredo Pérez-Rubalcaba como portavoz, docentes y federaciones de padres de la red pública clamaron contra la conocida como Ley Wert. Tuvieron razón sólo en parte, pues el grueso de la normativa vio la luz. Hoy, siete años después, el movimiento es a la inversa. La oposición al Gobierno de Sánchez, Federaciones de Apymas, y las patronales de la concertada se han lanzado a parar la LOMLOE, la conocida como Ley Celaá. Y Navarra es uno de los epicentros del debate. Con el segundo nivel más alto de España en alumnos en centros concertados (sólo superado por País Vasco), la nueva normativa de educación que se debatirá este jueves en Madrid ha movilizado ya a familias y centros de la Comunidad foral. Miles de familias están recibiendo estos días información sobre las acciones de protesta que se están planificando.

La que podría ser la octava ley educativa en democracia llega inmersa en polémica. Una vez más. Y las enmiendas pactadas entre PSOE y los partidos nacionalistas han echado más leña al fuego. Si en varias comunidades autónomas el acento se ha puesto en la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, las consecuencias sobre la concertada son las que más afectan en Navarra.

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La tramitación exprés que se está dando a la LOMLOE despierta el recelo de federaciones de padres y patronales, que advierten de un recorte de libertades sociales en la normativa. Empezando por la elección de centro al iniciar la etapa escolar. La Ley Celaá elimina en su cuerpo normativo el concepto de ‘demanda social’. Es decir, el que posibilita abrir nuevos centros y aumentar plazas en los concertados cuando hay familias que lo solicitan. La LOMLOE también establece que estos centros no podrán percibir cuotas de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Además, se habla de un incremento progresivo de puestos escolares en la red pública y de poner trabas a la cesión de suelo público a centros de iniciativa privada.

Y hay otros dos puntos de la Ley Celaá que chocan frontalmente contra centros navarros concertados. Uno, la decisión de escolarizar en centros ordinarios al alumnado con discapacidad. Da para ello un plazo de 10 años para adecuar los centros. El segundo, eliminar los conciertos a la educación diferenciada, la que separa a chicos y chicas en las aulas. En la Comunidad foral hay dos; Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga. Entre los dos suman 4.500 alumnos y 350 trabajadores.

39.000 ALUMNOS Y UN AHORRO

En Navarra, con un peso que ronda el 34% del total del alumnado en etapas no universitarias, la red concertada escolariza a más de 39.000 alumnos y da trabajo a unos 3.400 profesionales. Un reciente estudio de Institución Futuro cifró en 97 millones de euros anuales el sobrecoste que tendría para las arcas forales trasvasar al total del alumnado de la concertada a la pública. Para ello parte de cifras recogidas en los informes del Consejo Escolar de Navarra que evidencian que el coste por alumno de la educación concertada es sustancialmente menor que el de la red pública (3.500 euros por curso frente a 5.950€.

<div class="destacado_100">Una manifestación de coches llegará a Pamplona el domingo</div>  

La plataforma ‘Más Libres, Más plurales y más iguales’ en Navarra asegura sentir una “honda preocupación” por la reforma educativa y por ello este domingo convoca una manifestación contra la ley Celaá. La manifestación de vehículos partirá a las 11 horas de la Morea y concluirá en el aparcamiento de la UPNA. Rechazan una reforma que, subrayan, introduce “cambios de gran calado que dotan a las administraciones de facultades cada vez más amplias, desplazando la responsabilidad de las familias como primeras educadoras de sus hijos”. Apuntan que “elimina la demanda social, reduciendo significativamente la capacidad de elección de las familias del colegio que quieren”. En Navarra se han adherido, entre otros, CONCAPA, sindicatos FSIE y FEUSO y patronales Escuelas Católicas o CECE.

<div class="destacado_100">NA+ ve un “despropósito” en la Ley de Educación</div>  

El senador por NA+, Alberto Catalán, defendió “el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos” y consideró “inadmisible” lo que “está aconteciendo con la tramitación del proyecto de ley de Educación”. “No cabe mayor despropósito”, sostuvo. El senador regionalista ha presentado una enmienda con el objetivo de “reafirmar” la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos; “garantizar” el derecho a recibir enseñanzas en español y “no discriminar” a la educación diferenciada. Catalán remarcó que para UPN “es fundamental el derecho de los padres a elegir la educación que quieren, derecho amparado por la Constitución. Ya nadie habla de pacto educativo, se apuesta por el sectarismo puro y duro. La ley se ha convertido en moneda de cambio de intereses espurios”.

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<div class="destacado_100">El PP anuncia que derogará la Ley y recurrirá al Constitucional</div>  

El presidente del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que si gana las próximas elecciones y llega a la Moncloa derogará la “injusta” ‘Ley Celáa’, pero ha añadido que en este momento su partido saldrá a la calle para recoger firmas contra esta reforma de la educación y presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. El presidente del PP ha indicado que su partido también acudirá a las instituciones europeas, que, según ha añadido, hoy han dicho que “los países tienen obligación de hacer leyes educativas con un consenso parlamentario porque si no van a fracasar”. Según el PP, la reforma educativa de PSOE y Unidas Podemos supone “la imposición de un modelo único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual”. Sin embargo, considera que aún se está a tiempo de pararla.

<div class="box_grey">LA OCTAVA LEY EDUCATIVA DE LA DEMOCRACIA

1980

LOECE. UCD. El golpe de Estado del 23-F, y la posterior victoria electoral del PSOE hizo que no entrase en vigor.

1985

LODE. PSOE. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación incorporó el sistema de colegios concertados.

1990

LOGSE. PSOE. Introduce entre otras medidas, la escolaridad obligatoria hasta los 16 años y la ESO.

1995

LOPEG. PSOE. Rechazada por sindicatos de profesores, consideraban que iniciaba la privatización de la enseñanza

2002

LOCE. PP. Incluyó los intinerarios de la ESO y recuperó las reválidas de Bachillerato. Apenas entró en vigor.

2006

LOE. PSOE. Eliminó la asignatura alternativa a Religión e incluyó la nueva de Educación para la Ciudadanía.

2013

LOMCE. PP. Recuperó las reválidas, Religión como evaluable y los itinerarios. Blindó la educación diferenciada.

2020

LOMLOE. PSOE. Elimina el castellano como vehicular en la enseñanza y favorece la admisión en red pública.</div>