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Consumo recibió centenares de quejas por violaciones de esa norma de las gasolineras

El organismo actuó “con prudencia” y llevaba ya un tiempo analizando la posible colisión del decreto con otras leyes

Gasolinera de Tudela. B. Aldanondo

El Gobierno central aprobó en 2013 la ley que abrió la puerta a que las estaciones de servicio funcionaran por procedimientos automáticos y, desde ese año, la dirección de Consumo y Arbitraje del Gobierno foral ha venido realizando centenares de actuaciones por presuntos incumplimientos del decreto que regula los derechos de los consumidores. La dirección foral de Consumo actuó “con prudencia”. En algunos casos sus actuaciones derivaron en expedientes sancionadores y en otros en multas. Sin embargo, hacía ya un tiempo que la administración foral había decidido tomarse un tiempo de reflexión por la posible colisión del decreto foral con otras normas. La Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicios de Navarra (AESNA) se ha mostrado muy crítica por la “permisividad” de los diferentes gobiernos con este tipo de establecimientos. De las más de 200 gasolineras censadas en Navarra según el registro de Industria, ya en 2016 AESNA estimó que unos 90 podrían incumplir la norma.

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Una estación de servicio tipo (abierta 16 horas los 365 días del año) con una persona por turno emplea a 3,5 trabajadores más que una gasolinera desatendida. Se estima que el coste de personal de una estación de servicio atendida representa el 52% de su margen bruto, un coste, que a priori no tienen las gasolineras desatendidas. Desde la asociación que las representa defienden, por contra, que frente a la pérdida de empleo que esgrimen, la contribución al ahorro que posibilitan los establecimientos sin personal se “transformará en un mayor consumo en otras actividades porque el empleo se crea donde hay libre mercado”. Considera AESAE que lo que se intenta es evitar que el consumidor acceda al combustible más barato, un argumento éste que llega a utilizar la propia Comisión Europea en la comunicación que remitió a España ante la denuncia a diferentes normativas autonómicas.

El Gobierno central aprobó en 2013 la ley que abrió la puerta a que las estaciones de servicio funcionaran por procedimientos automáticos y, desde ese año, la dirección de Consumo y Arbitraje del Gobierno foral ha venido realizando centenares de actu

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