Una sentencia avala la compra de terrenos para el centro de residuos

A la cal que supuso en enero la sentencia que anuló el trámite urbanístico que autorizaba el uso de una parcela de la Ciudad del Transporte para construir el centro de tratamiento de residuos de la Comarca de Pamplona y que paralizó el expediente que lleva a cabo Mancomunidad, la entidad comarcal recibe ahora la de arena. 

Una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Navarra ha desestimado dos recursos cuestionaban la elección del terreno y su compra a Nasuvinsa por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona por más de 11 millones.

 Avala el juzgado el proceso administrativo llevado a cabo y hasta incide en que el trámite anulado en otra sentencia, que llevó a cabo el Gobierno de Navarra, se refería a cuestiones de forma y no de fondo. La sentencia es recurrible. 

Los recursos los presentaron el ingeniero Francisco Galán y el concejo de Imárcoain, en el valle de Elorz, próximo a la zona donde se ha urbanizado y se quiere retomar en marzo la construcción de la planta, que tratará los residuos de la fracción resto, orgánica y plásticos, además de la madera. Su puesta en marcha evitará enterrar sin tratar los residuos de la comarca, tal y como se hace ahora con la fracción resto. Galán, junto al Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), también recurrió el trámite urbanístico anulado en enero.

En cambio el Tribunal desestima su recurso, que llega después de que Mancomunidad también lo rechazase. Se basa en un informe pericial que encargó el juzgado y que concluye que el análisis que hizo previamente Mancomunidad para elegir las alternativas para ubicar la planta de tratamiento de residuos era correcto. 

También recoge que la alternativa para ubicar el centro en Góngora, en las instalaciones de vertedero, tal y como sugiere Galán, no es posible por un convenio entre Mancomunidad y Aranguren que obliga a su clausura y cierre. Desde la entidad recuerdan que han “caído” todos los recursos en su contra hasta el momento. Queda pendiente a petición del registro, la desinscripción de las parcelas después de que se anulase el PSIS. El nuevo podría recibir el visto bueno del Gobierno foral antes de fin de año.