La huelga de letrados de justicia paraliza ya pagos por 3,7 millones en Navarra

Las dos semanas de huelga indefinida de los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) empieza a repercutir en el ciudadano. Desde el pasado 24 de enero no solo se han suspendido en Navarra unos 400 juicios y unas 200 declaraciones en los juzgados de instrucción, sino que en la justicia se encuentran retenidos ya 3.750.000 euros sin entregar a las personas destinatarias, ya que estos profesionales son los encargados de tramitar estas entradas y salidas.

El dinero paralizado, según fuentes de las asociaciones convocantes del paro (UPSJ y CNLAJ), se distribuye de la siguiente manera: hay unos 3 millones de euros entre indemnizaciones (algunas superan los 100.000 euros), salarios de despidos judicializados; unos 50.000 euros en pensiones de alimentos, 150.000 en multas, y también reclamaciones dinerarias pagadas y que no se entregan a la persona beneficiara por valor de unos 400.000 euros. El resto son costas judiciales, honorarios de abogados y procuradores, fianzas y depósitos de recursos...

Las dos asociaciones cifran el seguimiento en Navarra, donde trabajan 48 letrados de la administración de justicia, en un 45%. Llevan en huelga dos semanas en protesta por el “imcumplimiento” del Ministerio de Justicia de los compromisos que, denuncian, se firmaron en abril para llevar a cabo una adecuación salarial acorde a las nuevas funciones y responsabilidades que este colectivo asumió allá por 2009. También reclaman el derecho a la negociación colectiva propia y la elaboración de un nuevo estatuto propio. El paro es de ámbito nacional.

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Este martes 7 de febrero al mediodía, los letrados de la administración de justicia volvieron a concentrarse frente al Palacio de Justicia de Pamplona. “Por parte del Ministerio no ha habido ningún movimiento. La ministra no ha dicho absolutamente nada. Y el secretario de Estado ha sido poco respetuoso con nosotros”, criticaban. Hoy se va a celebrar una reunión entre los secretarios de gobierno de los distintos tribunales autonómicos y el secretario general, tras la cual esperan “algún avance”.