Los ciudadanos navarros en el exterior tendrán "ayuda, asistencia y protección"

Este jueves por la mañana ha quedado dictaminado el proyecto de ley de relaciones con la ciudadanía navarra en el exterior, un nuevo marco legal para favorecer "la ayuda, asistencia y protección" a los residentes navarros en el extranjero, también en lo relativo al impulso de la imagen de la tierra de origen.

Para ello la ley regula las relaciones de la Administración Foral con el movimiento asociativo y, de manera más integral, con los navarros y navarras, sus cónyuges, parejas y descendientes que, individualmente considerados, residen en el extranjero.

De esta manera se quiere “promover el fortalecimiento de las relaciones institucionales” con la ciudadanía navarra en el exterior para, mediante el oportuno soporte jurídico, favorecer la “ayuda, la asistencia y la protección” de este colectivo, también en lo que atañe al “impulso de la imagen de su tierra de origen” en sus lugares de residencia.

A tal fin, para “conservar y potenciar los lazos afectivos y posibilitar su participación en la vida social, cultural, económica y política de Navarra”, se compromete a la Administración a promover in situ el conocimiento y estudio de las lenguas, costumbres e historia de la Comunidad Foral y, en el caso de quienes tengan reconocido el derecho al sufragio, la participación en las elecciones que se celebren en Navarra.

Se hace constar también la voluntad de facilitar el “retorno voluntario” asegurando el disfrute de los servicios públicos “en igualdad de condiciones” a la población local.

Además se prevén “planes de compensación educativa” y se refuerza la posibilidad de acceso a la vivienda protegida por medio de una “normativa específica” y, para hacer más viable la incorporación al mercado laboral, se facilitará la inscripción de los retornados en programas organizados por el Servicio Navarro de Empleo (SNE).

Asimismo para subrayar el fenómeno de la migración y su relevancia, se persigue “visibilizar la memoria histórica de la diáspora navarra" y "muy especialmente la aportación de las mujeres y de todas aquellas personas represaliadas y huidas a causa de la dictadura franquista y la persecución de bandas terroristas”.

Todas estas previsiones han contado con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios salvo la última alusión a los grupos terroristas, donde EH Bildu se ha abstenido.

La ley establece una serie de requisitos para que las comunidades navarras en el exterior (también las virtuales) y sus posibles federaciones consigan el “reconocimiento oficial” del Gobierno foral y su “inscripción” en el Registro Oficial, todo ello de conformidad con los derechos y deberes que les corresponden como entidades de carácter asociativo.

El reconocimiento se formalizará mediante Acuerdo de Gobierno, previo informe del Consejo de Comunidades Navarras a solicitud de la comunidad o federación interesada, y necesariamente deberá incluir en su denominación la palabra ‘Navarra’ o ‘Nafarroa’ o alguna de sus derivaciones.

También como obligación y bajo amenaza de penalización, las comunidades navarras en el exterior deberán realizar un inventario del patrimonio documental, inmaterial y mueble para su reconocimiento, conservación y difusión.

La ley recoge un régimen transitorio para que las comunidades navarras en el exterior reconocidas como Hogares, Casas o Centros navarros, vasco navarros o similares dispongan de dos años desde su entrada en vigor para solicitar el reconocimiento de cara a su inscripción en el Registro y en este período tendrán los derechos y obligaciones que esta norma establece.

Entre los objetivos estatutarios básicos deberán figurar el mantenimiento de lazos culturales, sociales o económicos con la Comunidad Foral, sus gentes, su historia, sus lenguas o cualquier otro aspecto relevante de su realidad, siempre a partir de un “proyecto plural” estructurado bajo principios democráticos.

El Registro Oficial de Comunidades Navarras se organizará en dos secciones, una dedicada a las entidades con sede social en territorio de España y otra destinada a las ubicadas en el extranjero y de las entidades registradas saldrán los representantes de las mismas en el Consejo de Comunidades Navarras, un órgano consultivo y de participación presidido por el titular del departamento de Relaciones Ciudadanas y que contará con representantes del Parlamento de Navarra y de la Administración Foral.

Por último para facilitar el ejercicio del derecho al retorno, la ley apunta al establecimiento de mecanismos de colaboración con el Gobierno de España para la celebración de acuerdos o tratados internacionales y se faculta la firma de convenios con otras CCAA para, de conformidad con lo dispuesto en la Lorafna, dotar de asesoramiento y asistencia a la población migrada.