Irabia-Izaba y Miravalles-El Redín acudirán al TSJN para defender sus conciertos de Bachillerato
En las reuniones de este viernes con las familias de los 500 alumnos afectados, los centros de educación diferenciada presentaron su nueva vía lega: la confianza legítima
- Íñigo González
Los colegios que imparten educación diferenciada en Navarra, Irabia-Iazaga y Miravalles-El Redín, acudirán de nuevo a los tribunales para defender el concierto educativo para la etapa de Bachillerato que el Gobierno de Navarra les acaba de extinguir. ¿La razón? No convertir las aulas en mixtas contraviniendo la LOMLOE, la nueva ley educativa. Ambos centros, los dos con sedes masculinas y femeninas, mantuvieron este viernes 3 de febrero por la tarde reuniones con las familias y allí les informaron de los próximos pasos que van a dar y de las opciones que barajan. Y una de ellas pasa por volver a los tribunales. En concreto, al TSJN.
Este pasado lunes se conoció la decisión del departamento de Educación de extinguir los conciertos de Bachillerato para el próximo curso 2023-24, convenios que amparan según los últimos datos disponibles entorno a 200 plazas concertadas en Irabia-Izaga y 350 en Miravalles-El Redín. Dicha resolución, que será efectiva a partir del próximo curso escolar, se justifica, según exponía el Gobierno de Navarra, en que ambos colegios “no cumplen los requisitos para poder concertar” al mantener separado al alumnado de esta etapa.
Como se recordará, desde hace años ambos centros mantienen aulas mixtas en la etapa de Infantil (3-6 años) y desde 2021 también en los primeros cursos de Primaria. En aquella ocasión, y tras renovar los conciertos económicos de esa etapa, los centros decidieron implantar las aulas mixtas año a año, lo que fue validado por Educación.
En su reunión con las familias, los centros de educación diferenciada expusieron este viernes las posibilidades que barajan. En primer lugar, repasaron los datos académicos y las trayectorias históricas avaladas de centros con más de medio siglo de vida en la educación diferenciada, la que separa a chicos y chicas en las aulas. Por ello, interpondrán un recurso de alzada ante la decisión de Educación, aunque esa vía parece que no tendrá mucho recorrido. Otro camino es el del Constitucional, cuyo fallo se espera para el próximo mes de marzo. Pero tampoco parece probable que vaya a caer del lado de los centros tras la reciente renovación del Tribunal y su cambio de mayorías.
PEDIRÁN MEDIDAS CAUTELARES
Es una tercera vía en la que esperan tener más éxito ya que existen precedentes legales recientes en Cataluña: la del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín van a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución apelando al principio de confianza legítima. Éste se basa en la seguridad jurídica según la cual la Administración no puede defraudar las expectativas que han creado sus normas y decisiones sustituyéndolas inesperadamente por otras de signo distinto. Y ya que ese medio millar de estudiantes navarros lleva toda su etapa escolar en la educación diferenciada, incluido el Bachillerato, consideran que tienen derecho a finalizar sus estudios tal y como los eligieron en su día. Además, solicitarán medidas cautelares para que el concierto se mantenga hasta que falle el tribunal.
CONTENER EL GASTO DE LAS FAMILIAS
Ante estas vías, y en cualquiera de los casos, los colegios tranquilizaron a las familias aseverando que su intención es que no deban afrontar mayores gastos que los presentes en el próximo curso.
La senadora del PP de Navarra, Amelia Salanueva, preguntará el 7 de febrero en la próxima sesión del Senado, a la ministra de Educación, Pilar Alegría, sobre la supresión del concierto con los colegios Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín. Considera que la decisión de extinguir los conciertos es una “medida sectaria”, que únicamente responde a intereses “partidistas e ideológicos del Gobierno para con sus socios”. Además, la senadora recuerda que el TSJN “ya ha sido claro en la última sentencia en este aspecto, siendo conocedores, además, de que la ley está recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional”.
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Diario de Navarra
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