Nuevos documentos revelan que Montejurra 76 fue un plan del Estado contra el Partido Carlista

Los graves sucesos ocurridos el 9 de mayo de 1976 en Montejurra (en los que murieron dos personas) no fueron “una pelea entre hermanos”, entre distintas corrientes del carlismo, como se ha mantenido oficialmente estos 46 años, sino un plan urdido en las esferas del Estado, con especial protagonismo de Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Gobernación, para acabar con la orientación progresista y democrática que el Partido Carlista había dado a esta concentración anual.

Así lo revelan una serie de documentos a los que ha tenido acceso Diario de Navarra, sobre todo informes, cartas y comunicaciones del Gobierno Civil, a cuyo frente se encontraba José Luis Ruiz de Gordoa, ingeniero agrónomo de Álava que había sido presidente de esa diputación, gobernador de Jaén y en 1972 destinado a Pamplona. Durante su mandato (1972-1976), tuvo que hacer frente al potente movimiento obrero que estaba surgiendo en el Antiguo Reino y a la fuerte agitación política que vivía la comunidad foral, entonces una de las provincias de España donde el sentimiento antifranquista estaba más extendido, siendo igualmente uno de los periodos de mayor represión policial de toda la dictadura franquista.

Te puede interesar

Por todo ello, el rey Juan Carlos le concedió el 7 de mayo, dos días antes de los sucesos ocurridos cerca de Estella, la Gran Cruz de Isabel la Católica, como le comunicaría por carta el propio Fraga una semana después en atención a “los muchos y difíciles servicios prestados”, encargándose de su tramitación el Ministerio de Exteriores de José María de Areilza. Estos documentos, en los que Ruiz de Gordoa se dirige a Fraga como “mi buen amigo”, desmontan la versión oficial de los hechos e incluyen detallados planes y previsiones elaborados desde el Gobierno Arias Navarro para arrebatar la concentración anual al partido liderado por Carlos Hugo de Borbón-Parma.

RECONQUISTAR MONTEJURRA

Una de las principales novedades de estos informes estriba en constatar que ya se habían producido otros dos intentos, en 1973 y 1974, para “reconquistar” lo que Ruiz de Gordoa no duda en calificar “el mayor y más virulento acto (público) de España contra el régimen”. La primera propuesta la realizó José María Oriol Urquijo, hermano del ex ministro de Justicia y presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol. Consistía en llevar a Juan Carlos e incluso a Franco para acabar con la utilización política de la romería religiosa por parte del Partido Carlista.

La segunda, realizada por la Hermandad del Maestrazgo, consistía, con el mismo objetivo, en que el propio gobernador civil se pusiera al frente de unas delegaciones organizadas por los ayuntamientos navarros, especialmente de la zona de la Ribera. En ambos casos, Ruiz de Gordoa consideró totalmente inviables debido a la fuerza que había adquirido el carlismo progresista, defensor de la “vía autogestionaria” al socialismo.

Estos reparos desaparecieron ante la convocatoria de 1976, ya que en esta ocasión podían contar con la Unión Nacional Española (UNE), asociación legal que había aceptado los principios del Movimiento franquista y mostrado expresamente su acatamiento a la figura de Juan Carlos como futuro rey de España. Entre los fundadores de la UNE, había personalidades tradicionalistas, como los propios hermanos Oriol o Ramón Merino, que hacía años habían abandonado la disciplina del carlismo, e incluso algunos que, como Valiente o Zamanillo, habían manifestado su oposición a Franco tras la Guerra Civil pero habían terminado por apoyar al régimen debido a la línea socializante que los Borbón-Parma estaban imprimiendo a la antigua Comunión Tradicionalista.

En el informe que Ruiz de Gordoa envía el 5 de enero de 1976, con sendas copias a los directores generales de Seguridad y Política Interior, ya plantea, tras reconocer el fracaso de los intentos anteriores, la posibilidad de “actuar” sobre algunos dirigentes carlistas para lograr ese año “una afluencia masiva de tradicionalistas que neutralizarán el peso del huguismo”, acabando así con “una concentración subversiva contra el rey D. Juan Carlos I”.

OPOSICIÓN CARLISTA

Otro documento de febrero se refiere a la labor “paciente” que se debe realizar, incluso “llegando a tocar hombre a hombre”, para que el carlismo navarro abandonara su “hosca oposición” y se uniera a “nuestro futuro político” en torno a la figura de Juan Carlos I. El 21 de marzo, será Fraga quien manifieste a Ruiz de Gordoa su preocupación por las actividades del Partido Carlista, a cuyo líder, Carlos Hugo, ha ordenado detener y expulsar de España dos días antes cuando intentaba regresar del exilio en Francia por el aeropuerto de Barajas. El 19 de abril será el director general de Seguridad quien le comunica en una carta con el membrete “CONFIDENCIAL” que “ha llegado el momento de que nos ocupemos de la concentración de Montejurra”, señalando como “conveniente” un hipotético enfrentamiento entre el carlismo progresista y aquellos sectores más tradicionalistas que lideran Miguel Fagoaga, Ramón Merino -ambos dirigentes de la UNE-, José Márquez de Prado, más conocido como Pepe Arturo, y Sixto de Brobón-Parma, opuesto radicalmente a la línea política de su hermano Carlos.

Dos días después, el 21 de abril el gobernador civil informa a Fraga de la reunión que ha mantenido esa misma jornada con Sixto y Pepe Arturo en el hotel Tres Reyes de Pamplona, a los que mostró “el deseo de ayudarles en la tarea de servicio a la patria que apuntaban”, tal y como le había adelantado por teléfono al ministro de Gobernación, siempre “de acuerdo con tus orientaciones”.

En esa reunión, calificada de “secreta” por ambas partes, su interlocutores le anuncian que tienen previsto otro encuentro con el director de Política Interior, le ratifican su lealtad a Juan Carlos como rey de España y, por primera vez, proponen el plan de ocupar -dos días antes, el 7 de mayo- la cumbre de Montejurra y hacerse con el control de Irache para desactivar las proclamas “huguistas”, mientras desde las campas situadas tras el monasterio otros grupos organizados realizarían “trabajos de agitación” entre la masa de asistentes. Los contactos se mantienen hasta la misma víspera de la concentración, el sábado 8 de mayo, día en que Ruiz de Gordoa se reúne con Ramón Merino, manteniendo ambos una conversación por teléfono con Juan Carlos, como aseguran personas próximas a la máxima autoridad gubernativa en Navarra.

Llegado el día de la concentración, el día 9 de mayo, la también llamada Operación Reconquista fracasó porque los organizadores, pese al apoyo gubernamental, no consiguieron movilizar masivamente ni siquiera a los sectores más tradicionalistas del carlismo, encontrándose con una fuerte e imprevista resistencia de los seguidores del Partido Carlista que, por miles, habían vuelto ese año a la “Montaña Sagrada” e iniciado el Via Crucis en honor de todos “los carlistas muertos por el ideal en los siglos XIX y XX”, tal y como reza en la Primera Estación.

Fue ante esta tesitura cuando los atacantes hicieron uso de sus armas, tanto en la cumbre como frente al Monasterio de Irache, provocando dos muertos y una treintena de heridos. Manuel Fraga, que ese día se encontraba fuera de España, dijo en un primer momento asumir la responsabilidad de lo ocurrido pero, poco después, cambió su versión de los hechos para afirmar que había sido “una pelea entre hermanos”, versión que se ha mantenido oficialmente durante estos 46 años. El año 2003, la Audiencia Nacional calificó lo ocurrido de acción terrorista, reconociendo a los dos muertos -Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos- como víctimas del terrorismo, con derecho a recibir las correspondientes compensaciones económicas.

En los sucesivos informes y atestados oficiales se confirma igualmente que había órdenes específicas para evitar la llegada de los militantes y seguidores del Partido Carlista, a los que se tilda de “subversivos” y violentos potencialmente, mientras que se debe facilitar el acceso a quienes, a bordo de vehículos particulares o autobuses, lleven las credenciales facilitadas por distintos gobiernos civiles, ya que esas personas iban a participar en una concentración “pacífica”.

NO INTERVENIR

También se reconoce en esos escritos que hubo indicaciones de la superioridad para no intervenir a no ser de que se registraran “enfrentamientos graves” y, de hecho, no se produjeron detenciones ni antes ni después de los incidentes, pese a quedar constancia en los atestados policiales de que en la cumbre había un centenar de Guerrilleros de Cristo Reyarmados y al menos se habían detectado siete pistolas y un subfusil ametrallador entre quienes atacaron la concentración avanzando en formación militar desde el hotel Irache hacia el Monasterio.

Los acontecimientos de Montejurra causaron verdadera consternación nacional; la prensa señaló como responsable al gobierno Arias Navarro, aunque sin las pruebas que ahora salen a la luz. Profundamente desprestigiado por la masacre de Vitoria dos meses antes, el proyecto reformista de Arias -el famoso “Espíritu del 12 de Febrero”- resultó totalmente inviable. Dos meses después, el presidente de Gobierno que había sucedido a Franco era sustituido por Suárez, iniciándose así la Transición a la democracia.

En buena parte, estos documentos confirman la tesis defendida desde el principio por el Partido Carlista, para quien la Operación Reconquista fue un plan para apartarles de la escena política y difundir una imagen de división y violencia extrema, vinculándoles asimismo a la ultraderecha, cuando este partido había sido unos de los fundadores, con el PCE, de la Junta Democrática y después de la denominada Platajunta, conservando todavía capacidad de convocatoria y organizativa, sobre todo en Navarra, mientras las corrientes más reaccionarias del carlismo habían dejado de tener presencia pública.

Se da la circunstancia de que aquel 9 de mayo, Adolfo Suárez, entonces ministro-secretario del Movimiento, tuvo que sustituir a Fraga del Ministerio de Gobernación, y que fue el Gobierno de Suárez quien decretó la Amnistía que libraría a todos los implicados de cualquier responsabilidad y quien rechazaría la legalización del Partido Carlista, que de esta forma no se pudo presentar, el 15 de junio de 1977, a las primeras elecciones democráticas.

Uno de los hechos más escandalosos de Montejurra 76 fue la intervención de una serie de siniestros personajes, vinculados a grupos extremadamente violentos y al terrorismo ultraderechista internacional, en la montaña con mayor valor histórico y religioso del carlismo.

Entre estos ultraderechistas internacionales destacaban dirigentes de grupos neofascistas italianos, como Stefano Delle Chiaie o Loris Gattelli, ambos de Avanguardia Nazionale, o Elio Massagrande, Mauro Tedeschi, Augusto Cauchi y Pietro Benvenuto di Fu, asociados a Ordine Nuovo. Algunos incluso tenían órdenes de extradición por parte de la Justicia italiana, que atribuyó a Nuevo Orden masacres como las de Bolonia (85 muertos), Piaza Fontana (17), tren Italicus (12) o Brescia (8).

Pero también había antiguos militantes franceses del Ejército Secreto (OAS), como Jean-Pierre Cherid, y de la Triple A argentina -García Almirón y Emilio Berra-, además de agentes policiales que habían pertenecido a la temible DINA del general Pinochet en Chile o a la PIDE portuguesa, disuelta por la Revolución de los Claveles de 1974.

Según declaró públicamente el general Sáenz de Santa María, alto mando de la Guardia Civil con los Gobiernos de Arias Navarro y Adolfo Suárez, estas personas fueron reclutadas por el Servicio Central de Documentación (Seced), los servicios secretos creados por el almirante Carrero Blanco, y algunas de ellas fueron utilizadas después por los GAL para asesinar a miembros de ETA. En concreto, Cherid murió en marzo de 1984 cuando manipulaba un artefacto explosivo en Biarritz.

Massagrande y Benvenuto fueron detenidos junto al también ultra Sánchez Covisa en febrero de 1977 al descubrirse una fábrica de armas en la calle Pelayo de Madrid. Sánchez Covisa, vinculado a los Guerrilleros de Cristo Rey, ya aparecía implicado en el atentado de Begoña (agosto de 1942) contra la línea mayoritaria del carlismo a su regreso de combatir con la División Azul a favor de los nazis. Por su parte, Rodolfo García Almirón, de la Triple A, organización responsable de numerosos asesinatos en Argentina, trabajó durante varios años como guardaespaldas de Manuel Fraga Iribarne.