Venezolanos en Navarra que lloran su bandera

Para Navarra es un lunes cualquiera. Los repartidores despiertan las calles con el sonido del motor de sus vehículos, los estudiantes comienzan una nueva semana de curso y la prensa sigue llenando sus páginas con Osasuna, el Plan de Amabilización o el ultimátum de Rajoy a Puigdemont.

Unas horas después al otro lado del charco, Venezuela se levanta con la resaca de las últimas elecciones. Las regionales, celebradas el pasado domingo. El país se despega de las sábanas con los resultados electorales que la mayoría ya intuía: vuelven a vencer los de Maduro. Muchos creen que el uso de artimañas perpetuará su mandato quién sabe cuántos años más.

El último censo de población navarro (datado a 1 de enero de 2017) recoge en sus estadísticas 1.359 venezolanos empadronados en la Comunidad foral. Unos dígitos que se han incrementado exponencialmente en los dos últimos años y que coinciden con la desesperación por encontrar víveres que llevarse a la boca , medicamentos que curen un simple dolor de cabeza, y con la anarquía que blindan sus calles. Siete kilos de masa corporal han perdido de media sus habitantes desde 2015.

La mayoría de venezolanos que se esconden en esa cifra, 1.359, atañe a un perfil similar al de esos jóvenes españoles que dejan su hogar para emprender la búsqueda de un trabajo en el extranjero: jóvenes de clase media y con formación universitaria.

Como Mikel Elguezabal e I. P., son mayoría los descendientes de españoles que en su día emigraron al país latinoamericano por la posguerra y Franco, y cuyos hijos y nietos hoy vuelven a la tierra de sus raíces para poner la semilla de una nueva vida. La anterior, dicen, la marchitaron las penurias y la inestabilidad propiciadas por el actual régimen bolivariano.

Ana, Antonio, I.P. y Mikel. Todos ellos pasaron el umbral de la frontera española para aterrizar en Navarra con una maleta, un pasaporte y un billete de ida. Solo de ida.

<div class="destacado_100">“Yo no me fui del país, el país se fue de mí”</div>  

<div class="footer_photo">I. P. sentado junto a su bandera en la plaza Félix Huarte de Iturrama. CALLEJA</div> I.P. (1964, Caracas) nunca sale de casa con su alianza de boda ni una cadena al cuello. El máximo objeto de valor a la vista que lleva es un reloj de plástico. Es así como caminó durante años por las calles de Caracas. Allí, cualquier pequeño “descuido” supone una pistola en la sien. “Perdí la capacidad de ir caminando por la calle y disfrutar del ambiente”. Hace casi dos años que vive en Pamplona, pero esa secuela todavía la arrastra.

I. P. (no aporta su identidad completa por temor a que le cierren las vías administrativas con su país) fue el último de su familia en abandonar América. Primero lo hizo su hijo mayor en 2012, con 17 años. Preparó aquí la selectividad y comenzó sus estudios en la UPNA. Después le siguieron su hijo pequeño y su mujer.

I. P. se dedicaba a la abogacía. Asegura que en su patria ya “no existen garantías de un estado de derecho”. Estando su familia en Pamplona, hubo una gota que hizo colmar el vaso. “Un funcionario la cogió (la tomó) con un cliente mío. Lo metió en la cárcel y con él pretendía meterme preso también a mí. Cuando mi cliente salió, me dijo de quedar en un restorán con un general amigo suyo. Estuve cuatro horas esperándolos sin saber nada. Resultó que mi cliente había recibido una invitación a las Dependencias y yo una llamada de teléfono para reunirme con el fiscal un domingo a las 10 de la mañana en un centro comercial. Dije que tenía que ir a misa. No fui a la cita y en mes y medio ya estaba acá”.

Este caraqueño tiene ascendencia catalana. Hace ocho años que tramitó la nacionalidad española. “Entonces, la vulneración del estado de derecho ya era algo importante y yo tenía que empezar a buscar alternativas para darles un futuro a mis hijos”, refrenda.

Ha vivido de primera mano la carestía de víveres y fármacos. “Creamos grupos de WhatsApp entre vecinos para enterarnos de a qué lugares llegaban productos. Buscando lo positivo, esto ha sacado la parte solidaria entre la gente”, sonríe levemente.

En Caracas, cumplía a rajatabla su rutina: “Para las 7 o antes, yo ya estaba en casa”. La inseguridad le hacía autoimponerse un toque de queda. I. P. relata que en Venezuela siempre ha habido armas en la vía pública, pero desde hace un lustro, los asaltos y muertes han crecido de manera alarmante. “Sales a la calle un día y no la reconoces. Te sientes ajeno a esa realidad, extranjero en su propia ciudad y te das cuenta de que estás viviendo en una jaula”, sentencia. “Yo no me fui de mi país. El país se fue de mí”, subraya.

¿Volverá a Venezuela? “No pienso en qué momento voy a regresar allá. Yo estoy echando mis raíces aquí”.

<div class="destacado_100">“Hasta que el pueblo no se una y se plante de verdad, no va a cambiar nada”</div>  

<div class="footer_photo">Ana y Antonio en un barrio de las afueras de Pamplona. EDUARDO BUXENS</div> Antonio y Ana guardan bajo la cama de su habitación de Pamplona una caja repleta de medicamentos. Desde hace unos meses, es el único suministro de fármacos que recibe parte de sus familias. Pero el envío tiene que ir camuflado. “No puedes enviar solo medicinas porque te lo requisarían como contrabando”, explica Antonio.

Ana y Antonio son pareja (no muestran su rostro ni sus apellidos por miedo a que les cierren las puertas de su país y a que no puedan hacer los trámites legales que les quedan). Tienen 25 y 27 años y proceden de Ciudad Guayana (Bolívar). La devaluación de la moneda y la estrepitosa subida de la inflación provocó que tomaran la decisión de salir de su país en 2014, no sin antes pelear en la calle. “Hemos sido de los que hemos participado en las primeras marchas, las de 2014, y hemos sufrido el gas lacrimógeno”, narra Antonio. “Pero todavía no estaban bien organizadas. Yo veía falta de seriedad y no me quería quedar allí a ver qué iba a pasar”, añade Ana.

Tras una odisea para conseguir sus pasajes, consiguieron salir del país con visados de estudiante. Su primer destino: Inglaterra. Allí pasaron seis meses hasta que se mudaron a Almería. Pero la falta de trabajo les hizo emigrar a Navarra.

Como muchos de sus compatriotas, no han tenido tan fácil como Mikel Elguezabal o I.P. su llegada a España. Al no tener vínculos de primer o segundo grado con españoles, tienen que pasar tres años en condición de irregulares para obtener el permiso de residencia temporal por arraigo social. Ya cuentan las semanas. En febrero podrán firmar esos papeles que les llevarán a dejar de trabajar en negro, a tributar como otro ciudadano más y que permitirán a Ana optar a las becas con las que se costeará la carrera que comenzó en Venezuela: Periodismo.

Eligieron Navarra por las ayudas sociales del Gobierno foral y por el empleo, mayor que en otras autonomías.

“Venezuela es un país hecho de inmigrantes. Ahora, yo me veo en su papel”, resalta Antonio. Ambos son muy críticos con la actitud de muchos de sus compatriotas a los que no les gusta la sociedad en la que viven, pero tampoco salen a la calle a exigir un cambio. “Si mi país está mal, hay que parar todo. Todo. Hasta que el pueblo no se una y se plante de verdad, en Venezuela no va a cambiar nada a mejor”, argumenta Ana. “Este problema no se soluciona con elecciones”, prosigue.

Los dos se muestran preocupados por las generaciones más jóvenes que no han vivido otra cosa que lo que ven en las calles y lo que el oficialismo les ha inculcado.

“Sentimos que le debemos a este país lo que deberíamos deberle al nuestro”, expresa Ana. “Llegará un día en que me sentiré más español que venezolano”, apunta Antonio.

<div class="destacado_100">“En Navarra no hay delincuencia. Comparado con Venezuela, esto es Disneylandia”</div>  

<div class="footer_photo">Mikel Elguezabal posa junto al vallado de la plaza Consistorial de Pamplona con la bandera de Venezuela boca abajo en señal de ayuda internacional. JAVIER SESMA</div> Un grupo de turistas brasileños descansa en el local que Mikel Elguezabal Méndez (1977, Cumaná, Sucre) y su mujer regentan en la plaza Consistorial de Pamplona: el café Al norte del sur. Charlan sobre la ciudad de los Sanfermines, sobre los libros que cuelgan de los estantes, sobre el café que están tomando (mezcla de grano colombiano y brasileño) y sobre América, de donde proceden ambos. “Es el continente de la esperanza”, asegura Elguezabal con convicción.

Llegó a Huarte hace cuatro años haciendo el recorrido inverso de sus antepasados. Su abuela paterna era oriunda de Estella y su abuelo, de Bilbao. La Guerra Civil española quiso que en 1937 ambos abandonaran sus lugares de origen y huyeran a Capbreton como refugiados. En esta comuna francesa de Aquitania se conocieron y, un año después, emigraron a Venezuela, una tierra que les prometió esperanza. “Era un país muy rico y estaba todo por hacer”, cuenta su nieto, que conserva en su nombre parte de sus raíces.

Cuando el actual presidente se alzó con el mando -en abril de 2013-, Mikel Elguezabal, biólogo y profesor de universidad, no lo pensó dos veces y decidió salir de Cumaná con su mujer y sus tres hijos pequeños. El detonante de su marcha fueron aquellas elecciones presidenciales. “No me lo podía creer. Esa madrugada pensaba: «No puede ser. Cómo un pueblo entero se puede equivocar al votar a un presidente moribundo y malicioso»”, dice refiriéndose a Hugo Chávez, que ganó los comicios cinco meses antes de su muerte y al que le sucedió Maduro.

Y llegó a Navarra el 27 de agosto de 2013, con el pretexto de estudiar un posgrado en la UPNA y con la nacionalidad española que consiguió en 2011 gracias al origen de sus abuelos, lo que le facilitó muchos trámites legales.

En la capital de Sucre dejó a su madre y a su hermano. Este, Paúl Ignacio, es un parlamentario regional de la oposición. “Lo han metido preso, a veces le golpean, a veces le amenazan de muerte...”, relata su hermano con un cariz en la voz que hace parecer que, para muchos políticos como él, eso resulta ser el pan de cada día.

Actualmente, la vida profesional de Elguezabal dista mucho de la que llevaba en su país. Aunque dice estar contento con su pequeño negocio hostelero, aspira a impartir clases de biología en alguna de las dos universidades navarras, como hacía al otro lado del Atlántico. E intenta no alejarse de su vocación de biólogo con ‘Egura’, un proyecto sostenible que comenzó a idear en 2014.

Por un afán, piensa él, inconsciente de mantenerse unido a Sucre, su llegada a Pamplona le ha llevado a escribir varios libros y poemarios. Algunos de sus versos cantan las confrontaciones culturales y sociales de sus dos naciones. “En Navarra no hay balas, no hay delincuencia. Aunque para ustedes la calidad de vida de aquí sea la propia de una crisis, comparado con Venezuela esto es Disneylandia”, asevera.

Elguezabal asegura que para reconstruir su país hará falta no solo un cambio drástico de gobierno y del sistema económico, sino sobre todo un cambio en la mentalidad individual de su pueblo. “Hay miedo al deterioro continuo. La solución también está en recuperar los valores cívicos a través de la educación”.

Aun con todo, este venezolano de origen navarro se muestra optimista. “Regresaré a Cumaná cuando mis hijos crezcan”.

<div class="tit_blue">Jubilados sin pensiones y estudiantes sin divisas</div>  

La situación social y económica que está viviendo Venezuela no solo repercute a quienes viven allí. También a muchos estudiantes de ese país que cursan sus estudios en Navarra se han visto afectados por el estricto control del cambio de moneda que les impide obtener las divisas necesarias para pagar sus matrículas y seguros médicos.

El drama económico también pasa factura a los jubilados, tanto a los nacidos en Venezuela residentes en España, como a aquellos españoles que en su día emigraron a ese país y que ahora han decidido volver. Allí, las mujeres se jubilan a los 55 años, mientras que los hombres, a los 65.

En 1988, España y Venezuela firmaron el Convenio de la Seguridad Social, por el cual el gobierno bolivariano garantizaba que todos sus ciudadanos que hubieran cumplido los requisitos para acceder a una pensión completa y la prestación por jubilación pudieran recibir el pago en España. Aunque de manera oficial este acuerdo sigue vigente, en 2015 Venezuela cortó el grifo, dejando de enviar al gobierno español esa bolsa de pensiones, según ha explicado José Alexis Delgado, presidente de la Asociación de Venezolanos en Pamplona (Asovenep).

La comunidad afectada por este problema burocrático ha querido dejar claro que no pretende buscar culpables políticos ni económicos. “Son personas que ahora están viviendo gracias a lo que les dan sus vecinos y otros venezolanos”, recalca Delgado.

Su único interés es dar con una solución. Y eso pasa, en primer lugar, por que las autoridades venezolanas o el Banco Santander (tramitador financiero del convenio) les haga llegar un documento que certifique la falta de pago de tales pensiones. De este modo, al menos podrán optar a la Renta Básica que el convenio de 1988 se lo impide.

Delgado asegura que no han obtenido respuesta ni por parte del gobierno de su nación ni del consulado de Bilbao. Asovenep y el grupo Venezolanos en Navarra y Cercanías llevan reclamando desde hace un año medidas para solventar el problema, canalizándolo a través de la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento foral. Iñaki Iriarte (UPN) es quien ha estado trabajando con ellos y quien tramitó el pasado 9 de octubre una moción que se llevará al hemiciclo navarro con el objetivo de debatir en el pleno el acceso a ayudas sociales y al salario social básico para este colectivo.