Luz verde al peaje a los coches en el centro de las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes

La nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el Gobierno, faculta a los ayuntamientos que lo deseen a imponer una tasa de acceso a la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones (ZBE) con el fin de crear espacios “libres de humos y congestión”. 

Para crear este canon, será necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permitirá garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio. Hoy en día apenas existen dos ZBE en España, en Madrid y en Barcelona, si bien la ley de cambio climático obliga a los 149 municipios de más de 50.000 habitantes -y a los de más de 20.000 más contaminados- a crear áreas de este tipo antes de que termine 2022.

La llamada tasa de congestión pretende cobrar una cantidad a los vehículos que se adentren en un área, si bien se suelen arbitrar excepciones. En Londres, una de las primeras urbes que puso en marcha la medida, cualquier vehículo que acceda entre las siete de la mañana y las seis de la tarde en días laborales paga una cantidad fija, que ya asciende a 18 euros. Los residentes se benefician de un descuento del 90% y las personas con discapacidad pueden circular gratis. Con este nuevo sistema, el volumen de tráfico en el centro ha bajado en más de un tercio a lo largo de dos décadas. Estocolmo, Oslo o Milán son otras urbes europeas donde ya se aplica este peaje.

La ley, que pretende descarbonizar el transporte, concede la potestad al Gobierno de realizar un estudio para implantar un sistema de pago por uso del coche en la red de carreteras del Estado en aras a garantizar su mantenimiento. Según destacó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el nuevo modelo de pago se hará mediante el “consenso entre los agentes implicados”. “La ley no establece ningún modelo definido ni el plazo para entrar en vigor”, subrayó la titular de Transportes.

La futura norma, con la que el Ejecutivo aspira a cumplir los objetivos internacionales de reducción de gases causantes del cambio climático, pretende revertir la situación. En la actualidad, el sector del transporte es responsable del 30% de los gases de efecto invernadero y prácticamente la totalidad de esas emisiones, casi el 95%, las provocan los vehículos que circulan por carretera.

Por ello, las nuevas directrices obligará a las empresas con 500 o más trabajadores a diseñar planes de movilidad sostenible que faciliten el uso del transporte público o compartido, los vehículos eléctricos o la bicicleta en el desplazamiento diario al trabajo.

La ley apuesta por que las ciudades prioricen la “movilidad activa” (caminar, ir en bici), por ser la opción más saludable y exenta de emisiones. Premia además el transporte público colectivo, como una solución accesible y asequible para toda la ciudadanía.